| Área: | Chaco argentino |
| Categoría: | Buena práctica con énfasis en gestión de conflictos para el acceso equitativo a la tierra y recurso naturales. |
| Aporta al enfoque de: | Derechos |
| Ejecutor: | FUNDAPAZ |
La experiencia relata un conflicto por el acceso a la tierra, agua y bosques entre los pueblos indígenas y criollos en la Provincia de Salta. La buena práctica contribuyó al recojo de información técnica y trabajos participativos como los mapas parlantes y otros que permitieron un proceso de diálogo entre los actores locales y el Estado para resolver este conflicto. Este proceso logró arribar a acuerdos entre los diferentes actores en conflicto para la delimitación del territorio y la gestión local del mismo.
Principales actores involucrados
Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat; Organización de Familias Criollas del Chaco Salteño (OFC); FUNDAPAZ; ASOCIANA; Unidad Ejecutora Provincial del Gobierno de Salta; Ministerio de Derechos Humanos de la Nación; Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Enfoque
Esta experiencia está articulada al enfoque de derechos porque la instalación de espacios de diálogo se dirigió a la reinvidicación y protección de los derechos de pueblos indígenas y pequeños productores (criollos). Además, la buena práctica también está relacionada con el enfoque de regulación porque el reconocimiento de derechos y la titulación colectiva de tierras por parte del Estado. De este modo, durante el proceso de negociación con el Estado se interpuso una estrategia legal internacional que dio lugar a la participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que finalmente obligó al Estado a participar más activamente en el proceso de negociación y generó la determinación legal que reconoce la titularidad de las tierras indígenas y criollas.
Descripción de la experiencia
El conflicto por acceso a la tierra, agua y bosque entre pueblos indígenas, criollos y el Estado se generó en Argentina, en la Provincia de Salta. El conflicto llevó 30 años e involucró a 12 mil habitantes de comunidades originarias y 5 mil familias criollas y cubre una superficie total de 643.000 hectáreas.
Las comunidades indígenas históricamente viven de la caza, recolección y pesca basada en el uso diversificado de los recursos naturales. Con la llegada de los criollos a partir de 1902, comenzaron los conflictos por el acceso a la tierra, el agua y los bosques entre ambos grupos porque los criollos viven principalmente de la ganadería a campo abierto en los terrenos libres y ello generó un proceso de degradación ambiental producto del sobrepastoreo del ganado vacuno y cambios de las prácticas de manejo de los pueblos indígenas. Los criollos introdujeron la ganadería extensiva y la explotación forestal extractiva reduciendo a la población a condiciones de subsistencia y marginalidad. A ello, se suma el desarrollo de grandes obras de infraestructura pública sin consulta ni estudios de impacto ambiental previos.
Posteriormente, como medio de defensa, las familias de criollos fundaron la Organización de Familias Criollas del Chaco Salteño (OFC) para representar a 21 grupos vecinales con un total de 482 familias. Asimismo, se conformó la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhata que representa a las comunidades indígenas mataco (Wichi), chorote (iyjwaja), toba (Qom), chulupí (Nivacklé) y tapiete (Tapy´y) del Chaco Salteño.
En 1991, la Asociación Lhaka Honhata solició al Estado formalizar su derecho de propiedad comunitaria, con el fin de continuar desarrollando sus prácticas tradicionales y libre de ganado vacuno. El gobierno se comprometió a efectivizar la entrega bajo título comunal, pero la entrega de tierras nunca se concretó, ello dio lugar al inicio de acciones legales y ante la ausencia de respuestas en la justicia argentina, el caso se presentó a la CIDH en 1998.
El área en conflicto está ubicada en el Chaco central, en la provincia de Salta, con la denominación de lotes fiscales 55 y 14, situados en la parte norte del Departamento Rivadavia. Los lotes abarcan un territorio aproximado de 643.000 hectáreas, que forman parte del Municipio de Santa Victorio Este, colindante al norte con Bolivia y al este con Paraguay, en la cuenca del río Pilcomayo.
La aplicación de la metodología de diálogo permitió generar espacios de conversación y trabajo participativo entre comunidades indígenas y criollos que les permitió comprender los problemas e intereses de todos los actores y permitió su articulación para defender sus derechos.
Durante el proceso de diálogo se realizaron varios trabajos participativos como recorridos de campos del área en conflicto, mapas parlantes y varias reuniones que al final facilitaron una articulación entre comunidades indígenas y criollas. La articulación entre comunidades indígenas y criollos logró el arribo de acuerdos políticos respecto a la delimitación territorial entre ambos, mismos que fueron presentados al Estado y éste tuvo que refrendarlos a través de normativa, Decreto 1498 del 29 de mayor 2014 – Proceso de regularización dominial de lotes fiscales 55 y 14 a favor de comunidades indígenas.
Logros y lecciones aprendidas
Entre las lecciones aprendidas más relevantes generadas por la experiencia se tiene que:
- La resolución de conflictos de posiciones divergentes requiere la participación de actores altamente representativos de los actores en conflicto, como Lhaka Honhat y la OFC.
- El consenso social puede modificar un escenario marcado por condiciones políticas adversas.
- Es necesario generar ciertos niveles de empatía entre los distintos grupos para la aplicación de la metodología de diálogo.
- Es importante generar espacios específicos para la integración de las mujeres a la toma de decisiones.
- La articulación de actores locales frente a problemas comunes puede permitir la generación de acuerdos para la gestión territorial.
- La incidencia conjunta articuló la acción política basada en procesos de diálogo y formulación de acuerdos, junto a la estrategia judicial ante la CIDH.
- La unión entre las comunidades indígenas y criollos se convirtió en el factor estratégico de lucha por los derechos a la tierra.
Las contribuciones específicas al enfoque de derechos y regulación son:
- Restablecimiento del derecho al acceso a la tierra de los pueblos indígenas y criollos.
- Delimitación del territorio en base a acuerdos de los actores en conflicto para la gestión territorial.
- Aporta a la gobernabilidad del territorio, ya que la articulación y acción conjunta entre pueblos indígenas y criollos obligó al Estado a normar y delimitar el territorio, en base a los acuerdos de los pueblos indígenas y criollos.
Entre los resultados alcanzados por la experiencia se tienen:
- Transferencia de tierras en propiedad comunitaria a las comunidades indígenas de 643.000 hectáreas distribuidas en 4000.000 a 2 comunidades indígenas y 243.000 hectáreas en condominio a 600 familias criollas.
- Institucionalización de la metodología de diálogo participativo para alcanzar acuerdos de distribución de la tierra, avalarlos y ejecutarlos en el territorio.
- Producción de información técnica necesaria para delinear una propuesta de distribución alternativa a la gubernamental.
- Reconocimiento de derechos entre diferentes, defensa y reclamo respetando la diversidad cultural.
Referencias
FUNDAPAZ, Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz, 2014. Diálogo entre indígenas, criollos y Estado resuelve conflicto por la tierra. Disponible en: https://learn.landcoalition.org/es/good-practices/dialogo-entre-indigenas-criollos-y-estado-resuelve-conflicto-por-la-tierra/
